martes, 25 de enero de 2011

Corte pide investigar a fiscal que no habría investigado sobre la entrega de tierras de campesinos a 'paras'

Además de funcionarios del INCORA y el INCODER un miembro de la Fiscalía estarían vinculados en la entrega de 36 fincas del municipio de Chivolo en el departamento de Magdalena a miembros de las Autodefensas y no a sus verdaderos dueños.

La Corte Suprema de Justicia encontró, que según lo manifestado por las partes e intervinientes, que posiblemente la Fiscalía 22 de la Unidad Antiterrorismo no habría actuado con la debida diligencia, incumpliendo sus deberes en la instrucción de los hechos delictivos debido a la entrega de los bienes al desmovilizado alias “Jorge 40”, motivo por el cual se compulsaron copias para que se investigue disciplinariamente al funcionario correspondiente.

Y es que desde hace 14 años los verdaderos dueños de estas tierras viven el drama del despojo viendo que funcionarios entregaron sus tierras a paramilitares al mando de alias “Jorge 40”.

El alto tribunal evidenció que los documentos incautados el 28 de julio de 2008 durante un allanamiento en el municipio de Sabana de San Ángel donde se encontraron los títulos a nombre de las Autodefensas evidencian las irregularidades en la entrega de bienes que inicialmente fueron decretados como abandonados.

Las fincas apropiadas por el extraditado paramilitar, Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40” fueron identificadas como Corral Nuevo, El Bajo, La Lucha, La Paz, Palermo, Parate Bien, Villa Luz, La Divisa, Nueva Zelandia, Punto Nuevo, Vayan, Vida Nueva, Buenos Aires , El Petate, Dios Vera, Playon Redondo, Monte Bello, Ya lo Vera, El Ejemplo, Tropelin, La Union, Las Angustias, Cambio de Vida, Santafe, Lucitania, Nueva Idea, Los Mellos, El Revolcon, Tamaca, Vayan viendo, La Florida, La Envidia, Nuevo Horizonte, Flor de la Belleza, Las Mercedes y Las Vegas.

El primero en denunciar todas estas irregularidades fue la delegada fiscal de Justicia y Paz que manifestó que algunas autoridades INCODER y la Fiscalía 22 de la Unidad de Antiterrorismo, no estaban cumpliendo cabalmente sus deberes, incurriendo así en actos omisivos que causan graves perjuicios a las víctimas, porque la primera está dilatando las decisiones administrativas que permitan a los legítimos propietarios reestablecerse en sus tierras, y la segunda porque no actúa frente a los crímenes que se derivan de la documentación obtenida por las Autodefensas.

Frente a estos hechos dice la Corte que no es suficiente con insinuar o pedir el favor a los funcionarios del INCODER y al fiscal Antiterrorismo, que restablezcan los derechos de las víctimas sino que se les conmina para que actúen, “porque no resulta admisible que servidores públicos de cualquier orden obstruyan el cumplimiento de los fines de la Ley de Justicia y Paz.

Caracol

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