Juan Cendales
La Corte Suprema de Justicia archivó en el día de ayer la investigación que adelantaba contra el ex parlamentario del Polo Democrático Alternativo, Wilson Borja, a quien la Fiscalía General de la Nación le había abierto un proceso y solicitado a la Corte su condena por tener vínculos con las FARC, acusación sustentada en supuestos correos hallados en los computadores del abatido jefe guerrillero Raúl Reyes el 1º de marzo de 2008 en el asalto realizado a un campamento ubicado en la selva ecuatoriana. Los computadores de Reyes supuestamente había quedado intactos luego de que el campamento guerrillero recibiera toneladas de cargas explosivas.
Con pruebas similares fueron encauzados otros parlamentarios y dirigentes del Polo y del partido liberal, periodistas, sindicalistas y hasta ex comisionados de paz. La senadora Piedad Córdoba, una gran activista por la paz y los derechos humanos fue destituida como parlamentaria por parte del Procurador General, quien se basó en las pruebas del computador para formularle varios cargos de relacionamiento y promoción de las FARC.
En el caso de Wilson Borja la Corte Suprema de Justicia ha señalado que “no existen pruebas suficientes ni contundentes como para procesarlo por los presuntos vínculos con la guerrilla de las Farc. Igualmente señala que “menos basándose en los archivos del computador de Raúl Reyes pues no tienen el carácter de pruebas en un proceso penal”.
Según la Corte Suprema de Justicia, quien da a sí razón a argumentos jurídicos de expertos colombianos y de todo el mundo, los supuestos testimonios, archivos o correos no sirven como prueba jurídica pues fueron incautados en una acción ilegal y además fueron recogidos y transportados por las mismas tropas del Ejercito que realizaron el asalto y es la Policía jurídica quien debe recoger pruebas testimoniales.
En su momento el presidente Uribe y su ministro de defensa Juan Manuel Santos anunciaron la existencia de la llamada FARC-POLITICA y señalaron que habría centenares de detenciones iniciándose una cacería de brujas masiva y sistemática y el linchamiento mediático de opositores, periodistas independientes y dirigentes sociales. También contra los gobiernos de Ecuador y Venezuela.
Los jueces tendrán que atender y acatar la decisión de la Corte y seguramente archivar todos los procesos iniciados y poner en libertad a varias personas que llevan varios años en prisión. Y lo más seguro no podrán seguir con el proceso contra el refugiado político Joaquín Pérez, quien fuera secuestrado por la policía Venezuela en el aeropuerto de Caracas y enviado ilegalmente a Colombia.
El debate apenas comienza. Habrá rechazos, demandas y escándalos. Seguramente los jueces de la Corte serán nuevamente acusados de ser testaferros de la guerrilla como tan ferozmente fueron señalados por el gobierno de Uribe Vélez.
Mientras tanto, la Fiscalía General ha pedido sean enviados a la cárcel nuevos altos funcionarios del gobierno de Uribe. El ex poderoso ex secretario General de la Presidencia Bernardo Moreno y la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad, el temible DAS, María Victoria Hurtado. Han sido acusados de concierto para delinquir y otros delitos que hacían parte de las prácticas de terrorismo de Estado.
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