Gran revuelo ha causado en el país, la condena a 35 años de cárcel contra el excomandante de la Brigada 13 del Ejército, general Jesús Armando Arias Cabrales, por la desaparición de 11 personas durante el “Holocausto del Palacio de Justicia”. Caracol Radio revela detalles de la histórica sentencia proferida por una juez de Bogotá
En el fallo de 358 páginas, la juez Cristina Trejos encontró testimonios y documentos fundamentales para concluir que el general Arias Cabrales fue el directo responsable del operativo de retoma de Palacio de Justicia, tuvo pleno conocimiento del traslado de civiles “sospechosos” a las instalaciones de la Brigada 13, fue quien decidió montar un puesto de mando avanzado en el museo Casa del Florero y además, manipuló la escena de los hechos, conociendo las consecuencias de esa actuación.
Entre los principales testimonios tenidos en cuenta por la juez sorprenden algunas declaraciones del expresidente Belisario Betancur, quien afirmó ante la justicia que “fue informado de que el operativo de recuperación del Palacio correspondía al general Arias Cabrales".
Acerca de la comunicaciones del radioaficionado Pablo Montaña, donde se hablan del levantamiento de cadáveres, señala el ex presidente Betancur -de acuerdo con la sentencia- que este "quedó en manos de las autoridades militares y judiciales respectiva", corroborando además que soldados del Ejército Nacional y miembros del cuerpo de Bomberos lavaron los cuerpos, les quitaron la ropa y los apilaron en el primer piso del Palacio de Justicia, actividad que dice el expresidente, "siempre consideré un error".
Para condenar a Arias Cabrales, la juez tuvo en cuenta otros testimonios, entre ellos están el del coronel Luis Enrique Carvajal quien recordó que minutos después de iniciada la toma, arribó a la Plaza de Bolívar el general Jesús Armando Arias Cabrales, quien ordenó “bloquear la zona mediante establecimiento de dos controles de seguridad”. Además dijo “cuando mi general Arias asumió el control de la situación, él le pidió al personal que estaba allí que por favor se retirara, para poder asumir el mando total”.
La sentencia cita una declaración del general Oscar Naranjo, en este caso se trata de una declaración para explicar quièn tenía el mando en esa operación. Naranjo dijo que “el segundo piso del Museo del 20 de Julio sirvió como sede del comando avanzado de la retoma del Palacio de Justicia, lugar que ocuparon el entonces brigadier general Jorge Luis Vargas Villegas, por cuenta de la Policía Nacional, (hoy fallecido) y el brigadier general , Jesús Armando Arias Cabrales, en representación del Ejército”.
En la sentencia se revela que ante las evidencias contundentes sobre la presencia de civiles en las instalaciones de la Brigada 13 del Ejército, el general Jesús Armando Arias Cabrales reconoció esos hechos, tras señalar que eran las personas “sospechosas” que fueron conducidas allí por el B-2 o Brigada de Inteligencia… En la sentencia también se habla sobre la manipulación del lugar de los hechos por parte de Arias Cabrales.
En el fallo se citan permanentemente las interceptaciones a las comunicaciones radiales entre los comandantes del operativo, captadas por el radioaficionado invidente Pablo Montaña, que revelan que el general Arias Cabrales “optó por modificar la escena de los hechos y manipular indebidamente los cadáveres” ante lo cual, ahora no puede afirmar que los desaparecidos murieron calcinados pero que no pudieron ser identificados por malos procedimientos de la Policía en el levantamiento de los cuerpos.
Según la juez, hay suficientes evidencias de que Arias Cabrales ordenó trasladar a todos los rescatados del Palacio de Justicia al museo Casa del Florero, para establecer su identidad, tarea que le encomendó al coronel Edilberto Sánchez Rubiano, también procesado por los hechos.
En la sentencia, la juez Cristina Trejos afirma que definitivamente la toma al Palacio de Justicia estaba anunciada y no se adoptaron las medidas necesarias por parte del gobierno y de las Fuerzas Militares para preservar la vida de los magistrados de las altas cortes y de los trabajadores.
La juez va más allá y afirma que “más allá de lo que podría llamarse una falla en el servicio, la fuerza pública facilitó y permitió la entrada de los subversivos a las instalaciones del Palacio de Justicia”.
Finalmente, la juez Cristina Trejos hace una revelación, que tiene que ver con un libro donde se llevaba una especie de minuta, que revelaba un asunto muy grave: seguimientos no solo a posibles guerrilleros y narcotraficantes, sino que hasta el expresidente Belisario Betancur fue víctima de esa vigilancia de las Fuerzas Militares.
Eesta prueba fue encontrada por la Fiscalía en las bóvedas del B-2 de la Brigada 13 del Ejército el 8 de agosto de 2007 y se trata de un libro de contabilidad, con un listado de personas en manuscrito.
Entre las personas que aparecen como objetos de análisis aparecen Belisario Betancur, el excanciller Alfredo Vásquez Carrizosa, la matrona del conservatismo Bertha Hernández de Ospina e integrantes de las Farc, la Anapo, Moir, Partido Comunista, la Juco y el M-19.
Entre los nombres que aparecen en el libro, están los de varios de los familiares de los desaparecidos en la toma del Palacio de Justicia, entre ellos los de Pedro y Jorge Franco Pineda, hermanos de la guerrillera del M-19, Irma Franco Pineda, desaparecida en el Holocausto y el nombre de René Guarín Cortés, hermano de Cristina del Pilar Guarín, cajera de la cafetería del Palacio.
Dice el fallo que en los casos de Irma Franco y Cristina Guarín, posiblemente fueron desaparecidas luego de que los nombres de sus hermanos aparecieran en el libro de seguimientos del Ejército como posibles guerrilleros del M-19.
Una vez terminada la incursión e iniciada la identificación de personas en la Casa museo del florero, con el aporte de documentos fotográficos, Cristina del Pilar Guarín Cortés fue considerada como posible miembro del m-19, por ser socióloga de la Universidad Pedagógica y hermana de un presunto guerrillero. “Ese etiquetamiento le significo no recuperar nunca su libertad”, dice la juez.
Para concluir, todos los hechos del Palacio de Justicia son enmarcados por la juez del caso como “un golpe de Estado transitorio por parte de las FFMM”
Caracol
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