Juan Diego Restrepo E.
Revista Pueblos
La guerra urbana que se libra en Medellín y en la
que se enfrentan cientos de jóvenes, muchos de ellos menores de edad,
hacen de esta ciudad un territorio en disputa permanente. Las políticas
públicas aún no logran contener los altos niveles de violencia y
preocupan los altos niveles de impunidad.
La segunda ciudad de Colombia, con
más de 2 millones de habitantes, se debate entre la violencia y la
impunidad. De acuerdo con la Personería de Medellín, de los 2.022
homicidios ocurridos durante el año 2010, sólo el 45,8%, es decir, 927,
llegaron a los estrados judiciales, pero lo informes de esta agencia del
Ministerio Público van más allá y al hacer referencia a los casos de
delitos de gran envergadura y desarticulación del crimen organizado
expone que la judicialización tan solo llegó únicamente al 2,8 por
ciento.
La situación genera inquietudes no sólo sobre la
eficiencia de las estrategias de seguridad implementadas por las
autoridades locales, tanto civiles como policiales, para prevenir los
homicidios y garantizar la vida de los habitantes de esta ciudad, sino
de la capacidad del aparato judicial para castigar el delito en una
ciudad que considerada una de las más modernas del país y en la cual se
han invertido en los últimos años cientos de millones de dólares en su
desarrollo físico y social.
Si bien la situación que vive Medellín en el tema de
violencia no es equiparable a la que padeció a finales de la década de
los ochenta y comienzos de los noventa, cuando los homicidios llegaron a
6.000 muertos por año, resultado de la guerra entre estructuras del
narcotráfico, paramilitares, milicias guerrilleras y fuerzas estatales,
las expresiones criminales continúan y no sólo se expresan en muertes de
hombres, mujeres, niños y niñas, sino en desplazamientos forzados
intraurbanos, violencia sexual, reclutamiento y vinculación de menores
de edad a las actuales estructuras criminales derivadas del
paramilitarismo, extorsiones al comercio y a los transportadores y en
los controles territoriales, constituyendo “fronteras invisibles” entre
un barrio y otro, las cuales no se pueden franquear libremente.
De acuerdo con los análisis realizados por los
investigadores de la Unidad Permanente de Derechos Humanos (UPDH) de la
Personería de Medellín, los responsables de la violencia en la ciudad
son aquellas organizaciones que se reconfiguraron a partir del año 2006,
cuando terminó oficialmente el proceso de desmovilización colectiva de
las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) acordado con el Gobierno
Nacional. La situación se agudizó desde finales del año 2007, cuando las
estructuras armadas ilegales de origen paramilitar, cohesionadas en la
llamada ‘Oficina de Envigado’, se atomizaron en diversos grupos y
comenzaron a enfrentarse entre ellas por el monopolio de la
criminalidad.
En esta ciudad se enfrentan dos facciones de la llamada
‘Oficina de Envigado’, una estructura criminal surgida en la década de
los ochenta en el seno del Cartel de Medellín y que ha tenido varias
mutaciones a través de los años; a esa guerra se suman organizaciones
como ‘Los Urabeños’, ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Paisas’, surgidas luego de
la desmovilización de las Auc y comandadas por antiguos narcotraficantes
y mandos medios de la organización paramilitar que nunca se
desmovilizaron o que lo hicieron y volvieron a delinquir. Todos estos
grupos pretenden monopolizar la captura y el control de las rentas,
tanto legales como ilegales, algunas de ellas derivadas de las
actividades del narcotráfico, que genera la ciudad. Para lograr esos
fines, se han fortalecido las medidas de control social y económico que
este tipo de organizaciones criminales imponen en la mayoría de los
barrios de la ciudad.
Los análisis realizados por la Personería de Medellín
indican que las dinámicas de recomposición del control territorial
armado ilegal que generan estas estructuras criminales se reflejan en
“ataques indiscriminados, víctimas de balas perdidas, vinculación de
niños, niñas y adolescentes a dinámicas de violencia armada, amenazas,
extorsiones, imposición de fronteras territoriales, desplazamientos
forzados y enfrentamientos constantes”.
Una de las expresiones que hoy preocupa en la ciudad es
el llamado desplazamiento intraurbano, es decir, personas y familias que
se ven obligadas a dejar sus barrios y trasladarse a otros por presión
de los grupos armados ilegales. El fenómeno, que también afecta a
decenas de líderes sociales, ha venido incrementándose año a año. Cifras
de la Personería de Medellín correspondientes al año 2010 permiten
establecer que unas 4.469 personas tuvieron que abandonar sus barrios de
manera forzosa, representando un aumento del 72% con respecto a los
registros del año 2009, cuando unas 2.657 personas denunciaron su
traslado forzado a otros lugares. Para el año 2011 el problema persiste.
La Personería de Medellín, entre el 1 y 31 de enero, recibió 89
declaraciones de desplazamiento forzado en la ciudad, es decir, 396
personas más con respecto al mes de enero del 2010, cuando sólo se
recibieron 62.
“El desplazamiento es una expresión de la violencia que
vive la ciudad, así lo manifiestan las víctimas de este flagelo, al
momento de declarar su desplazamiento. Amenazas, control social,
territorial, intento de reclutamiento ilegal, negativa de vinculación al
conflicto armado, violencia sexual y colaboración con las autoridades,
son algunas razones que los obligan a abandonar su lugar de residencia”,
indica un informe de la UPDH.
Según esta dependencia, los niños, niñas y adolescentes
son una población especialmente vulnerable en la ciudad. Del total de
los registros de desplazamiento intraurbano, el 52 por ciento
corresponde a menores de edad, que obligados, en algunos casos, por el
intento de reclutamiento por parte de los grupos armados, tienen que
desplazarse. De igual forma, preocupa como las mujeres se vean expuestas
a la violencia sexual por parte de los grupos armados antes del
desplazamiento.
Como resultado de sus análisis, la Personería de
Medellín le ha recomendado a las autoridades municipales la
implementación de acciones institucionales y la actuación coordinada de
las diferentes entidades, que hacen presencia en las comunas, para que
aporten a la prevención del desplazamiento y a la protección de las
personas en cumplimiento del mandato constitucional, a su vez hace un
llamado de alerta a la Mesa Municipal de Prevención y Protección y a la
Unidad Móvil de la Gerencia de Atención y Coordinación de Población
Desplazada, para que gestionen las medidas preventivas del
desplazamiento.
Lo paradójico es que desde el año 2007, se creó la Mesa
de Prevención y Protección de Desplazamiento Forzado Intraurbano,
integrada por la Alcaldía de Medellín, la Personería de Medellín, la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, ACNUR, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la
Nación, Policía Metropolitana, Fiscalía General de la Nación, Cruz Roja y
Naciones Unidas. La Mesa diseña y aplica estrategias dirigidas a
prevenir el desplazamiento por medio de la emisión de alertas tempranas,
de la coordinación de acciones de protección de los derechos de la
población que se halla en zonas de alto riesgo, y cuenta con una unidad
móvil que se moviliza de manera permanente por sitios específicos de la
ciudad.
El tema del desplazamiento forzado fue incluido en el
Informe Anual de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos correspondiente al año 2010. Según el informe,
“aunque el desplazamiento forzado suele presentarse en mayor medida en
zonas rurales con presencia de grupos armados ilegales, durante 2010 se
observó un incremento en los desplazamientos interurbanos. Preocupa
especialmente la situación en Medellín y Córdoba, donde se registraron
varios desplazamientos masivos a raíz de disputas entre grupos post
desmovilización”.
El Personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, ha
llamado la atención sobre lo que se requiere para superar todos estos
problemas: “si bien la estrategia de judicialización como medio para
contrarrestar el poder de las estructuras armadas ilegales en la ciudad,
ha dado resultados con las importantes capturas realizadas, ésta debe
acompañarse de una protección efectiva de la vida, la libertad y los
bienes de quienes son víctimas y testigos, además de la presencia social
y efectiva del Estado en los territorios dominados por estas
estructuras ilegales”. En esas palabras se concentra el reto de una
ciudad que debe superar sus violencias y transitar hacia tiempos más
tranquilos, justos y respetuosos con los derechos humanos.
(*) Juan Diego Restrepo E. es
periodista y docente universitario.
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