Aurelio Suárez: «La restitución es la máscara para un aumento de la concentración de la tierra peor todavía»

Maestro Carlos Gaviria y Aurelio Suárez

Por:  Carolina Ibáñez
Por cuenta de la locomotora económica del Gobierno Santos, la política agraria colombiana se encuentra hoy atravesada por intereses, dinámicas y prácticas no siempre comprensibles al grueso de las comunidades campesinas. Y es que en ella forcejean los intereses del pequeño y mediano campesinado con los intereses del empresariado agroindustrial nacional y extranjero, una tensión que lanza muchas dudas sobre las aparentes buenas intenciones del Gobierno a la hora de solucionar el problema del despojo, la restitución y la pervivencia de la economía campesina en el país.


¿Logrará la combinación perfecta el pretendido modelo? ¿Podremos subastar el país al mejor postor y a la vez restituir a las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia en condiciones que no atenten contra nuestra soberanía alimentaria y nuestra economía campesina?

En entrevista con Aurelio Suárez, experto en el tema de economía campesina y política agrícola en Colombia, la dimensión internacional de la política agrícola actual, así como la visión histórica y estructural, se dan cita para dar luz sobre los intereses que encierra una política que en su momento se pensó que nos hablaba de la solución del conflicto agrario en Colombia en clave de reforma agraria.

CAROLINA IBÁÑEZ: ¿Cómo llegó la Revolución Verde a Colombia?
AURELIO SUÁREZ: La Revolución Verde llega como imposición de los Estados Unidos e implicó que la tierra —cuanta más mejor— ya no fuera el factor principal sino el capital. La agricultura se empezó a desarrollar con la misma tierra que había hasta 1950 pero aumentando la productividad a través de semillas mejoradas, equipo industrial, herbicidas, pesticidas, agroquímicos. Esta política dura desde 1950 hasta 1990, pero ya desde los años 80 venía agotándose a pesar de los esfuerzos para reproducir la Revolución Verde en todos los cultivos, no solamente fue maíz, algodón o papa, también fue introducida en el café con variedades como el Caturra y subsiguientes que reemplazaron a la variedad Colombia. Los arábigos tradicionales son fruto de la Revolución Verde —altísima fertilización— y los grandes ganadores fueron las multinacionales vinculadas al negocio del agroquímico. Es un modelo que se monta para eso y que se adelanta con los poderes de turno, antaño terratenientes, ahora multinacionales en connivencia con esos mismos terratenientes.

CI: ¿Por qué considera usted que el 2005 fue un año de corte?
AS: Primero hay una pérdida total de la soberanía alimentaria del país. Colombia importa el 100% de garbanzo, arveja seca, lenteja y cebada; el 95% de trigo, el 75% de maíz, el 90% de soja, el 90% de sorgo, el 80% de algodón o el 33% de frijol. Todo eso lo traemos especialmente de Estados Unidos. El país importaba aquí 1,7 millones de toneladas de productos del ámbito agropecuario en los 90 y el año pasado importó cerca de 10 millones de toneladas.

A partir del año 2005-2006 viene el desarrollo de un modelo que Uribe llamó “de empresarización del campo”, que Jorge Enrique Robledo llamó “el modelo malayo” y que en términos teóricos de la agricultura se conoce como el modelo de “gran plantación”. La gran plantación tiene una serie de características. La primera es el capital financiero —la financiarización del campo— y eso aparece porque en el mundo hay excedentes de capital ya que a pesar de que somos como 2.000 millones de pobres, hay más dinero que nichos de inversión. Entonces cogen el agro y lo vuelven un centro de inversión del gran capital financiero, lo cual no significa que antes no estuviera metido.

La segunda característica es que son cultivos de “tardío rendimiento”, es decir, que no los siembras y a los seis meses los recoges sino que se demoran mucho más como por ejemplo la palma, los forestales, la caña de azúcar… Otra de las características es la exportación y la extranjerización: hacen falta inversores extranjeros. La agricultura que se está montando en Colombia son las plantaciones que se recorren en helicóptero.

CI: ¿Y qué papel tiene la economía campesina en todo este modelo?

AS: Aquí hay que enganchar a la economía campesina y los retornos. La locomotora agrícola no es la restitución de las tierras, es ese modelo que he explicado junto las Cooperativas de Trabajo Asociado, la mano de obra barata y la integración vertical hacia atrás. Ellos hacen hasta las plántulas, las semillas, las variedades.

Hay múltiples documentos que señalan que la restitución, los retornos e incluso la reactivación de las Zonas de Reserva Campesina tienen como objeto las alianzas del campesinado con los operadores empresariales o como proveedores de productos de pancoger para la gran plantación, o sea, para sembrar yuca y plátano para los obreros que trabajen en la gran plantación. Si en los procesos de retorno no eliminan la palma entonces cogen las tierras y las adjuntan a la gran plantación convirtiéndose en socios.

Eso está clarísimo en las declaraciones de Juan Camilo Restrepo y de Juan Manuel Santos. Aquí lo que va a haber es un aumento de la concentración de la tierra peor todavía que lo que ha habido durante todo este periodo. Este modelo no está exento de eso, es un modelo adicional, realmente la restitución es la máscara para tapar toda esta vaina que van a hacer. Jorge Robledo dice que pueden entregarse más o menos de esa forma de 7 a 8 millones de hectáreas nuevas en forma de concesiones, usufructo, comodato o arriendo de tierras baldías del Estado.

CI: Alianzas Productivas es un modelo muy mencionado por empresas como Daabon que dice que es muy exitoso en el norte del país y que las campañas de desprestigio como la relacionada con el caso de la comunidad desplazada de Las Pavas en el sur de Bolívar afectan a los 3.000 campesinos que hacen parte de estas alianzas.

AS: Pero lo que van a montar es una mejora de la Alianza Productiva. La Alianza Productiva funciona así: el Gobierno le entregaba a cada operador empresarial como Carlos Murgas, Daabon, Philip Morris —los sectores de la palma y el tabaco son fundamentales— o al Padre De Roux cinco millones por hectárea. ¿Qué hace Murgas? Dice: “Tengo aquí 200 hectáreas de papa sembrada con campesinos”, entonces le dan 1.000 millones de pesos y él los administra. Entonces ponen un contrato por la destinación de la tierra a esos campesinos y ellos se ganan el subsidio, a Daabon le dieron la plata de Agro Ingreso Seguro para hacer esas Alianzas Productivas para robarles a esos campesinos.

Otro tema de vital importancia en la economía campesina es el costo de oportunidad. En agricultura el costo más importante es el costo de oportunidad de la tierra. Así yo tenga una o tenga 1.000 millones hectáreas, cuando tomo una decisión de sembrar algo ahí, descarto lo demás. Cuando usted dice “Yo voy a sembrar papa”, no puede sembrar trigo, lechuga ni coco. Pero si resulta que al otro año la cosecha de papa bajó de precio y está a buen precio la cebada pues usted se pasa a sembrar cebada, eso se llama el costo de oportunidad de la tierra. Cuando usted coge una tierra y la dedica 25 años a un producto, por más ingresos que ese producto le dé a usted tiene que empezar a comparar cada año qué hubiera podido sembrar que era mejor que eso. Entonces el costo de oportunidad es enorme, los campesinos salen estafados. Cuando usted coge un campesino y lo pone 25 años a sembrar palma, ¡le clavó el costo de oportunidad! En 25 años no pueden poner unas vacas, no pueden sacar leche, no pueden sacar carne…

Entonces cuando usted restituye a un campesino desplazado y lo vincula a una gran plantación de palma como arrendatario o rentista o socio también lo condenó. Tampoco puede decir “Yo no quiero venderle a nadie, yo quiero sembrar para comer porque la comida se acabó” porque no sobra insistir que los contratos son a 25 años. Además, el costo de oportunidad tiene dos elementos: uno, no sembrar otro producto; y dos, que como no siembro alimentos, los alimentos también me cuestan —¡y más si son importados!—. Entonces queda muy duro hacerle bulla a la recuperación o al retorno de 30, 40, 50 o 100 comunidades que van a terminar siendo la pantalla de este modelo.

CI: ¿Cuál es la solución?
AS: Hay soluciones parciales y hay soluciones estructurales. En la medida en que las contradicciones se agudizan de esta manera, cada vez son más vivas las soluciones estructurales. A mí me dicen “Usted no propone nada”. Si yo propongo una nueva sociedad ¿le parece poco? Porque ya remendar esto es muy difícil.
CI: ¿Y las comunidades que llevan años deambulando con hambre o se van para la ciudad y ésta les cambia sus dinámicas económicas, sociales y culturales?

AS: Yo sé que es muy difícil lo que le voy a decir pero es que la educación política es definitiva, no sé si la gente tiene políticamente claro el problema… Los felicito, ¿quién se va a oponer a que le den tierra a los campesinos? Pero yo les diría: primero, es para producir alimentos; segundo, no pagar impuesto predial. Porque esa es la otra cosa, cuando les restituyen llega Juan Camilo Restrepo y les dice “¡Cómo no! Señores, aquí está la escritura, de ahí en adelante pagan impuesto predial”.

Es necesario que nos sentemos a pensar las características de un modelo alternativo favorable a la economía campesina y a la soberanía alimentaría que no sea funcional al modelo que se quiere consolidar, que sea de resistencia. Los problemas económicos se resuelven políticamente, eso la gente lo tiene que entender. En Colombia no es que no haya condiciones para hacer una transformación social, el problema es que los pobres no han entendido ese problema o los nueve millones de votos de Santos son ¿de qué? ¿en Colombia hay nueve millones de ricos? En Colombia el 0,4% de los propietarios —que son los que tienen más de 500 hectáreas— tienen el 65% de la tierra y el 85% —que son los que tienen menos de 20 hectáreas—, tienen el 9% de la tierra y esto va a incrementarse. Una cosa clave sería diseñar una Zona Campesina que entre en contradicción con el modelo imperante donde se diga “Aquí no vamos a sembrar cereales y oleaginosas. Aquí vamos a sembrar comida y el Estado nos va dar los mismos subsidios y vamos a tomar leche como nos dé la gana”. Uno podría hacer un encuentro de Zonas de Reserva Campesina —es la única que se me ocurre— y sacar un programa de lucha de esas zonas de reserva, eso podría ser interesante.

CI: ¿Y cómo ves la titularización? ¿Es la forma de salirle al paso al despojo?
AS: Lo de los títulos se vuelve un lío porque usted le va a dar los títulos a estos campesinos restituidos y después llega Carlos Murgas y les compra. El Banco Mundial defiende que hay que darle transparencia a la propiedad para dinamizar el mercado de tierras en Colombia.

CI: ¿Y cuál es tu opinión sobre el modelo de Finca Campesina del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM)?

AS: Si hay algo que diferencia al campesino del proletario o del aparcero incluso —que es el que no tiene tierras—, es que el campesino al ser propietario o poseedor tiene la libertad de hacer con su tierra lo que quiera. El aspecto central es la libertad, esa es la esencia de la revolución campesina. Todos estos proyectos, incluido el del PDPMM, le quitan la libertad al campesino. Son condicionados: “Sí, pero vamos a sembrar palma. Sí, pero vamos a hacer esta otra cosa”. El otro asunto es el ingreso campesino ya que la lógica económica campesina es distinta. El ingreso campesino es distinto al del capitalista rural porque incluye los costos que necesita para producir más los consumos con los que recupera su fuerza de trabajo. El ingreso capitalista tiene que ver fundamentalmente con la tasa de retorno del capital: “Yo soy capitalista e invierto 20 millones de pesos en el campo y si eso no me renta liquido la inversión y compro un título a término fijo”. Esa es la decisión capitalista. Entonces, lo más absurdo es cuando el campesino entrega su tierra así sea bendita por el padre o por la madre de Calcuta o lo que sea. Cuando entrega su tierra a un cultivo a 25 años, ¿en qué va esta ecuación de la economía campesina? Eso no tiene lógica… y menos pensando que Colombia es un tomador de precios en esos mercados internacionales, el país no los determina porque entre Malasia e Indonesia tienen 25 millones de hectáreas de palma de aceite sembradas.

Eso no es finca campesina porque el campesino no tiene libertad de nada ni está dentro de la lógica de la economía campesina. Coger la tierra, sobre todo cuando se trata de palma y cultivos de tardío rendimiento es quitarle la lógica a la economía campesina es acabar con el campesinado.