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| Colectivo José Alvear Restrepo |
El pasado lunes 18 de julio, 2011, el Presidente Juan Manuel Santos junto con el señor Vicepresidente Angelino Garzón, el Ministro del Interior Germán Vargas Lleras, la Directora de la Oficina de Protección María Paulina Riveros y el Director Nacional de la Policía General Oscar Naranjo, recibieron una delegación del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, para hablar sobre los ataques y la situación de inseguridad del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, que tienen su origen en fuerzas que actúan al interior del Estado y del establecimiento, así como de los grupos paramilitares, que han descalificado nuestro trabajo, asimilando la labor de defensa de los derechos humanos a una “guerra jurídica o política”, y equiparar nuestro ejercicio legal como abogados de victimas, al del enemigo interno que hay que destruir.
El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” expuso su grave situación de seguridad y pidió al Alto Gobierno la adopción de medidas políticas eficaces para prevenir la continuidad de la persecución y de nuevos ataques. El Presidente Santos manifestó su honda preocupación sobre los ataques y amenazas contra el CAJAR, reiteró que su gobierno tenía un compromiso serio con los derechos humanos y en la legitimidad y protección de la importante la labor de los y las defensores de los derechos en Colombia, haciendo igualmente referencia a la Ley de Victimas y de Restitución de tierras con su determinación de que no queden impunes los crímenes cometidos.
El General Naranjo, recogió nuestra preocupación porque los repetidos ataques y amenazas contra el CAJAR no estaban siendo investigados integralmente, sino que por cada hecho existía una investigación separada. Propuso al CAJAR su iniciativa de sugerir a la Fiscal General de la Nación la acumulación de las investigaciones con el fin de facilitar las mismas y establecer los patrones de la persecución.
Por su parte el Ministerio del Interior manifestó la necesidad de dar salidas a las medidas de protección físicas teniendo en cuenta la postura del CAJAR de no aceptar que sean agencias de inteligencia las que proporcionen estas medidas de protección, ni empresas privadas de seguridad, teniendo presente que el CCAJAR no utiliza escoltas armados y que desde 1996 viene siendo acompañado por Brigadas Internacionales de Paz.
De la misma manera el Alto Gobierno se comprometió a facilitar un espacio de interlocución con la cúpula militar que permita avanzar en el reconocimiento de la legítima labor de los abogados defensores de derechos humanos que actúan ante tribunales nacionales e internacionales apoderando casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Confiamos que el importante el compromiso asumido por el Gobierno Nacional a su más alto nivel se concrete en políticas claras y efectivas de protección frente a los defensores de derechos humanos en Colombia, así como a las víctimas que hoy reclaman sus derechos.
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