Por Comisión Colombiana de Juristas
Hoy se cumple otro año más de la masacre de 19 comerciantes. 24 años después del horrendo crimen, el caso sigue en la impunidad, los familiares siguen sin conocer la verdad y las autoridades nacionales no han cumplido a cabalidad-
lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su sentencia de 5 de julio de 2004 declaró responsable internacionalmente al Estado colombiano por la masacre de los 19 comerciantes.
A principio del mes de octubre de 1987, Álvaro Lobo Pacheco, Gerson Javier Rodríguez Quintero, Israel Pundor Quintero, Ángel María Barrera Sánchez, Antonio Flórez Contreras, Víctor Manuel Ayala Sánchez,-
Alirio Chaparro Murillo, Álvaro Camargo, Gilberto Ortiz Sarmiento, Reinaldo Corzo Vargas, Luis Hernando Jáuregui Jaimes, Luis Domingo Sauza Suárez, Rubén Emilio Pineda Bedoya, Carlos Arturo Riatiga Carvajal, Juan Bautista,-
Alberto Gómez y Huber Pérez, partieron desde Cúcuta hacia Medellín trasportando mercancías para venderlas. En la tarde del 6 de octubre, en el caserío de Puerto Araujo (Santander), fueron requisados por militares.
Poco después fueron detenidos por miembros del grupo paramilitar de Puerto Boyacá, cerca de la finca “El Diamante”, de propiedad del jefe paramilitar de la región Henry Pérez y ubicada en jurisdicción de Cimitarra (Santander).
Esa misma noche los 17 comerciantes fueron torturados y asesinados, sus cuerpos fueron descuartizados y lanzados a las aguas del caño “El Ermitaño”, afluente del río Magdalena. Quince días después,-
los comerciantes Juan Alberto Montero Fuentes y José Ferney Fernández Díaz salieron en su búsqueda y corrieron con igual suerte, cuando fueron detenidos por miembros del mismo grupo paramilitar.
En su sentencia del 5 de julio de 2004, la Corte Interamericana concluyó que “En la época de los hechos de este caso, el referido grupo ‘paramilitar’ que operaba en la región del Magdalena Medio actuaba con la colaboración y-
apoyo de diversas autoridades militares de los Batallones de dicha zona. Los ‘paramilitares’ contaron con el apoyo de los altos mandos militares en los actos que antecedieron a la detención de las presuntas víctimas y en la comisión de los delitos en perjuicio de éstas”[1][1].
Hasta el momento solo se han proferido condenas contra algunos paramilitares[2][2], pero ninguno de los altos militares vinculados y a quienes se les alcanzó a ordenar la detención preventiva en 1996 - como el General Farouk Yanine Diaz (foto), el Teniente Coronel Hernando Navas Rubio, el mayor (r) Óscar de Jesús Echandía Sánchez y el Sargento (r) Otoniel Hernández Arciniegas- han sido condenados.
En el caso del General Yanine y del Teniente Coronel Navas, las investigaciones precluyeron en razón de su fallecimiento (2009 y 2002). Respecto de los dos otros militares, aún no hay juicio, y menos aún condenas, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ordenara en el 2008 reabrir la investigación por la acción extraordinaria-
de revisión a solicitud de la Procuraduría General de la Nación. Veinticuatro años después del crimen y siete años después de la sentencia de la Corte Interamericana el caso permanece en la impunidad y los familiares continúan esperando que se haga justicia y se encuentre la verdad.
Entre las medidas de reparación decretadas en su sentencia, la Corte Interamericana ordenó la edificación de un monumento erigido por el Estado en memoria de las víctimas. La obra artística del monumento fue terminada por el artista Juan Areaza a principios del presente año.
Sin embargo, la obra civil para la instalación del monumento en la ciudad de Bucaramanga no estaba adelantada, debido a las numerosas trabas y obstáculos interpuestos por el Estado para cumplir con su obligación.
La obra artística fue movilizada de Bogotá a Bucaramanga por efectivos militares en la tercera semana de junio, sin consulta ni información previa a los familiares y el artista como lo había ordenado la Corte Interamericana.
Inicialmente las autoridades se negaron a proporcionar información, después de distintas gestiones ante el Estado se estableció que el monumento se encuentra consignado en la Brigada V del Ejército, lo que ha generado una profunda indignación y temor en los familiares de los 19 comerciantes.
El hecho de que esta obra esté ubicada, así sea temporalmente, en las instalaciones de la Brigada V, a la cual estaban adscritos varios de los autores y coparticipes del horrendo crimen, constituye un insulto a la memoria de las víctimas y a la dignidad de sus familiares, así como un acto de revictimización de éstas.
Al cumplirse 24 años, los familiares y la Comisión Colombiana de Juristas hacen un llamado enérgico a las autoridades colombianas para que se haga justicia y además se cumpla sin más dilaciones con la obligación de honrar la memoria de las víctimas mediante la instalación del monumento en la ciudad de Bucaramanga.
Así mismo, urge a la Corte Interamericana para que vigile de manera efectiva el cabal cumplimiento de estas obligaciones.
Hoy se cumple otro año más de la masacre de 19 comerciantes. 24 años después del horrendo crimen, el caso sigue en la impunidad, los familiares siguen sin conocer la verdad y las autoridades nacionales no han cumplido a cabalidad-
lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su sentencia de 5 de julio de 2004 declaró responsable internacionalmente al Estado colombiano por la masacre de los 19 comerciantes.
A principio del mes de octubre de 1987, Álvaro Lobo Pacheco, Gerson Javier Rodríguez Quintero, Israel Pundor Quintero, Ángel María Barrera Sánchez, Antonio Flórez Contreras, Víctor Manuel Ayala Sánchez,-
Alirio Chaparro Murillo, Álvaro Camargo, Gilberto Ortiz Sarmiento, Reinaldo Corzo Vargas, Luis Hernando Jáuregui Jaimes, Luis Domingo Sauza Suárez, Rubén Emilio Pineda Bedoya, Carlos Arturo Riatiga Carvajal, Juan Bautista,-
Alberto Gómez y Huber Pérez, partieron desde Cúcuta hacia Medellín trasportando mercancías para venderlas. En la tarde del 6 de octubre, en el caserío de Puerto Araujo (Santander), fueron requisados por militares.
Poco después fueron detenidos por miembros del grupo paramilitar de Puerto Boyacá, cerca de la finca “El Diamante”, de propiedad del jefe paramilitar de la región Henry Pérez y ubicada en jurisdicción de Cimitarra (Santander).
Esa misma noche los 17 comerciantes fueron torturados y asesinados, sus cuerpos fueron descuartizados y lanzados a las aguas del caño “El Ermitaño”, afluente del río Magdalena. Quince días después,-
los comerciantes Juan Alberto Montero Fuentes y José Ferney Fernández Díaz salieron en su búsqueda y corrieron con igual suerte, cuando fueron detenidos por miembros del mismo grupo paramilitar.
En su sentencia del 5 de julio de 2004, la Corte Interamericana concluyó que “En la época de los hechos de este caso, el referido grupo ‘paramilitar’ que operaba en la región del Magdalena Medio actuaba con la colaboración y-
apoyo de diversas autoridades militares de los Batallones de dicha zona. Los ‘paramilitares’ contaron con el apoyo de los altos mandos militares en los actos que antecedieron a la detención de las presuntas víctimas y en la comisión de los delitos en perjuicio de éstas”[1][1].
Hasta el momento solo se han proferido condenas contra algunos paramilitares[2][2], pero ninguno de los altos militares vinculados y a quienes se les alcanzó a ordenar la detención preventiva en 1996 - como el General Farouk Yanine Diaz (foto), el Teniente Coronel Hernando Navas Rubio, el mayor (r) Óscar de Jesús Echandía Sánchez y el Sargento (r) Otoniel Hernández Arciniegas- han sido condenados.
En el caso del General Yanine y del Teniente Coronel Navas, las investigaciones precluyeron en razón de su fallecimiento (2009 y 2002). Respecto de los dos otros militares, aún no hay juicio, y menos aún condenas, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ordenara en el 2008 reabrir la investigación por la acción extraordinaria-
de revisión a solicitud de la Procuraduría General de la Nación. Veinticuatro años después del crimen y siete años después de la sentencia de la Corte Interamericana el caso permanece en la impunidad y los familiares continúan esperando que se haga justicia y se encuentre la verdad.
Entre las medidas de reparación decretadas en su sentencia, la Corte Interamericana ordenó la edificación de un monumento erigido por el Estado en memoria de las víctimas. La obra artística del monumento fue terminada por el artista Juan Areaza a principios del presente año.
Sin embargo, la obra civil para la instalación del monumento en la ciudad de Bucaramanga no estaba adelantada, debido a las numerosas trabas y obstáculos interpuestos por el Estado para cumplir con su obligación.
La obra artística fue movilizada de Bogotá a Bucaramanga por efectivos militares en la tercera semana de junio, sin consulta ni información previa a los familiares y el artista como lo había ordenado la Corte Interamericana.
Inicialmente las autoridades se negaron a proporcionar información, después de distintas gestiones ante el Estado se estableció que el monumento se encuentra consignado en la Brigada V del Ejército, lo que ha generado una profunda indignación y temor en los familiares de los 19 comerciantes.
El hecho de que esta obra esté ubicada, así sea temporalmente, en las instalaciones de la Brigada V, a la cual estaban adscritos varios de los autores y coparticipes del horrendo crimen, constituye un insulto a la memoria de las víctimas y a la dignidad de sus familiares, así como un acto de revictimización de éstas.
Al cumplirse 24 años, los familiares y la Comisión Colombiana de Juristas hacen un llamado enérgico a las autoridades colombianas para que se haga justicia y además se cumpla sin más dilaciones con la obligación de honrar la memoria de las víctimas mediante la instalación del monumento en la ciudad de Bucaramanga.
Así mismo, urge a la Corte Interamericana para que vigile de manera efectiva el cabal cumplimiento de estas obligaciones.
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