Por: Cecilia Orozco Tascón
La canciller y el ministro de Justicia representarán a Colombia hoy en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde pedirán que se "revise" la sentencia condenatoria de ese organismo contra nuestro Estado por la masacre de Mapiripán.
Con tan vergonzosa denominación se conoce un probado asesinato en masa, previas torturas y vejaciones inenarrables a un “número indeterminado” de habitantes de ese municipio del Meta que, según revela el fallo, fue cometido por un centenar de paramilitares apoyados por personal del Ejército, incluidos oficiales del más alto rango, en julio de 1997.
Ayer, en una entrevista en la W sobre la controversia que se ha desatado por la aparición de una falsa víctima de 49 que aceptó el Estado ante ese Tribunal, o de 77 que dice haber encontrado recientemente la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía (ver El Espectador, 20 nov.), el ministro de Justicia incurrió en contradicción sobre la petición que harán él y su colega María Ángela Holguín acerca de la condena que fue emitida en 2005 por la CIDH, ocho años después de los hechos. Valga la pena recordar que este caso nunca hubiera llegado a San José de Costa Rica de no ser porque Colombia no asumió con imparcialidad las investigaciones, no castigó a los culpables y no cumplió las recomendaciones de la Comisión Interamericana producidas dos años antes de la condena. Por el contrario, este Estado acogió a los paramilitares involucrados en la Ley de Justicia y Paz que les concedía toda clase de beneficios.
La audiencia, de acuerdo con la descripción de Juan Carlos Esguerra, es de “revisión del cumplimiento del fallo” y no de la esencia del mismo, tal como se puede deducir. El ministro, cuya seria personalidad jurídica se ha trastocado lamentablemente, dijo que su solicitud ante la Corte “no implica desconocer la masacre ni su gravedad”. Sin embargo, de inmediato señaló que “estamos estudiando la posibilidad de plantear una revisión de la sentencia”. El alboroto en el que ha caído Colombia por unos billetes que le birlaron y que al parecer considera más importantes que el drama humanitario, se basa en la declaración de una mujer que confesó haber engañado a las autoridades sobre su condición de víctima de esa masacre para hacerse a una cuantiosa retribución económica. Uno o más actos de oportunismo sucedidos después de que corrieron ríos de sangre ¿minimizan la tragedia de Mapiripán? Para refrescar la memoria de la Casa de Nariño, que se proclama defensora de las víctimas, extracto apartes de lo que probó la CIDH:
“Los paramilitares permanecieron en Mapiripán desde el 15 hasta el 21 de julio de 1997, lapso durante el cual… torturaron, desmembraron, desvisceraron y degollaron aproximadamente a 49 personas y arrojaron sus restos al río (...); una vez concluida la operación, las Auc destruyeron gran parte de la evidencia (probatoria para un juicio posterior), razón por la cual no se puede establecer la cifra exacta de asesinados”. “La incursión… fue… ejecutada con la colaboración, aquiescencia y omisión de miembros del Ejército (que permitieron) el aterrizaje de los ‘vuelos irregulares’ que transportaban a los paramilitares a la zona, y ‘facilitó su transporte hasta (la población)… (Ellos) vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares, portaban armas… monopolio del Estado, y utilizaban radios de alta frecuencia”.
El gobierno Santos les entrega otro triunfo a los criminales de Mapiripán, muchos de los cuales tendrán disculpa para continuar viviendo en la impunidad. Esta noche harán fiesta y les darán, muertos pero de la risa, ofrendas a la falsa víctima y al Estado, también falso defensor de los desamparados.
Elespectador.com
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