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| Policía panameño empuñando arma de fuego contra manifestantes ( Foto: La Estrella) |
Las protestas y cierre de carreteras en Panamá entran hoy lunes en su sétimo día, con saldo de dos muertos, cerca de 40 heridos y más de diez millones de dólares en pérdidas, mientras el desabasto de productos agrícolas en la capital se empieza a sentir en el mercado.
Jerónimo Rodríguez Tugri, conocido como Jerónimo Montezuma, fue la primera víctima de la represión militar del gobierno de Ricardo Martinelli contra la etnia Ngöbe-Buglé, que se niega a permitir la explotación minera metálica en su territorio.
La esposa de la víctima, Fidelina de Rodríguez, que se presentó al hospital de San Félix, aseguró que “los policías mataron a su esposo, mientras se pregunta quien la ayudará con su hijo. ¿El Gobierno?”.
Entre tanto, Francisco Miranda, es otra persona muerta a causa de las balas policiales, según denuncia de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y del Derecho del Pueblo Ngöbe-Buglé.
Los indígenas demandan la eliminación de un artículo a un proyecto de Ley, que pretende entregar parte de su comarca a empresas de Corea del Sur para la explotación minera química.
Martinelli dijo a medios que el Gobierno dejará que sean las autoridades comarcales las que decidan sobre la exploración o explotación de minerales dentro de su territorio. El anuncio del mandatario no convenció a los indígenas, quienes están pidiendo que esa promesa quede establecida en una ley.
La Cacique General de la Comarca “Ngäbe Buglé”, Silvia Carrera, acusó a Martinelli de rechazar la propuesta de diálogo que representantes de sus comunidades formularon para solucionar un conflicto desatado hace unos días en el oeste del país.
“Íbamos a viajar a una reunión a la ciudad de Santiago de Veraguas (en la comarca de Veraguas), pero el gobierno no aceptó”, explicó a Cacique a medios de la región.
Carrera informó que habló sobre el tema con el ministro panameño de Seguridad, José Raúl Mulino, y acusó al presidente de “prepotente y de no escuchar al pueblo”.
Carrera, quien representa comunidades en las que viven unas 258.000 personas, se refirió al tema tras condenar la represión, por parte de las autoridades a los indígenas que mantienen cerrado el tránsito en la carretera Interamericana, que comunica a Panamá con Costa Rica.
Según los indígenas, el gobierno no respetó el texto del proyecto de un acuerdo que firmó en febrero del año pasado en San Félix con los indígenas, para dejar libre de hidroeléctricas y proyectos mineros a la Comarca.
La Cacique General rechazó acusaciones gubernamentales y explicó que los indígenas demandan el respeto a sus derechos, “porque se está hablando de la Madre Tierra”, y aseguró que los indígenas no son violentos.
Condiciones para el diálogo
La Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y del Derecho del Pueblo Ngöbe Buglé y Campesinos, anunció en conferencia de prensa, una serie de condiciones dirigidas al Gobierno, para que se dé un diálogo entre las dos partes.
Las peticiones que realizan para poder abrir la mesa de negociaciones es que el Estado les garanticen: el alto a la represión de los manifestantes, miembros de la coordinadora, la cacique general, regional y local. Se realice la liberación inmediata de los detenidos, así como la atención médica urgente a los heridos y apoyo a los familiares de Jerónimo Montezuma, única víctima que falleció ayer.
De igual manera, que la iglesia evangélica, la relatora de la ONU en Panamá y el Rector de la Universidad de Panamá se presenten como observadores, mientras que la Iglesia Católica actúe como mediadora y garante del diálogo y que se restablezca el sistema de comunicación de los teléfonos móvil, dijo Rogelio Montezuma, presidente de la Coordinadora.
Agresiones policiales contra Defensoría del Pueblo
Por otra parte, la defensora del Pueblo de Panamá, Patria Portugal, denunció esta tarde que fue víctima de una agresión policial en el Aeropuerto Internacional Enrique Malek, en David, provincia de Chiriquí.
Portugal señaló que sufrió la agresión en el aeropuerto, tras cuestionar que agentes policiales habían atado las manos de menores de edad y embarazadas indígenas que habían sido retenidos y que se encontraban dentro de un autobús en el que serían transportados.
En declaraciones a TVN Noticias la defensora del Pueblo sostuvo que el agente de la Policía Nacional la agarró por el brazo y la jaló. “Me estrelló contra el asiento del autobús”.
Sin embargo, Portugal no explicó de dónde provenían esas personas ni por qué se encontraban en ese autobús en el aeropuerto de David, precisando que “¿cómo es posible que la Defensora del Pueblo viene a mediar y un Mayor mal manejado me golpea, a la Defensora”.
Portugal dio cuenta que visitará los hospitales de las comarcas en conflicto para ver la condición de los heridos.
Desde Bocas del Toro, en el Caribe panameño se informó que indígenas han cerrado la carretera que conduce hacia Costa Rica y hacia el interior del país en defensa de sus derechos.
Condenan represión
La Asamblea Ciudadana condenó este domingo “la intransigencia del gobierno Nacional, de no cumplir con la palabra empeñada por el presidente de la Republica, en los acuerdos de San Félix del 2011″.
El mayoritario grupo de la sociedad civil, en un comunicado, pidió a Martinelli que acuda al llamado y el deber de escuchar a la Coordinadora, su pueblo y su cacique General Silvia Carrera, cese las medidas represivas, de sometimiento y la violencia contra el pueblo Ngöbe Buglé.
De acuerdo con el Diario La Estrella, el Movimiento Democracia, Justicia y Libertad, que coordina la abogada y activista de Derechos Humanos, Idalia Martínez, rechaza de la manera más enérgica la represión y ataque contra el derecho a la vida, por parte del gobierno nacional, contra los hermanos Ngöbe Buglé, uno de los pueblos originarios de la República de Panamá.
Por su lado, el opositor Partido Panameñista lamentó profundamente la muerte de Jerónimo Rodríguez (Montezuma), y el dolor de sus familiares.
Ese partido también condenó de forma enérgica “la manera como el Gobierno Nacional le ha hecho frente al conflicto indígena en la provincia de Chiriquí y en la Comarca Ngöbe Buglé”.
El comunicado, firmado por el vicepresidente panameño Juan Carlos Varela, presidente del Panameñista, reiteró el llamado al diálogo, a ceder posiciones y a reconocer los derechos de los pueblos originarios.
“Exigimos que para enderezar el mal rumbo que lleva el gobierno, y en pro de la defensa de la institucionalidad democrática, la renuncia de todos los ministros que han mentido”, exigió el Partido Revolucionario Democrático (PRD), el mayor partido de oposición en Panamá.
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del PRD, consideró que lo que está ocurriendo “es responsabilidad exclusiva del presidente de la República que sin ninguna credibilidad, busca en la confrontación y en la violencia, ocultar su incapacidad para generar un diálogo responsable y participativo, que hubiese evitado el actual derramamiento de sangre de humildes pobladores indígenas que lo único que hacían era defender los derechos inalienables del pueblo”.
Agrega que las declaraciones del ministro de Seguridad acusando a prelados de la iglesia Católica, que actuaban como mediadores, de fomentar la confrontación, así como las declaraciones de Martinelli, reiteradas por el ministro Mulino, de que los indígenas habían “secuestrado” a centenares de extranjeros y que habían saboteado las comunicaciones por celular, “son una muestra del empleo de tácticas fascista al más puro estilo gobeliano”.
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| Policía panameño con armas de fuego en represión contra protesta indígena (Foto: La Estrella) |
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