Uno de los tantos lastres que el presidente Juan Manuel Santos arrastra del doble Gobierno anterior de Álvaro Uribe Vélez, es el de la confrontación con la rama jurisdiccional, en particular la Corte Suprema de Justicia (CSJ) –Sala Penal- contra la cual el Ejecutivo actual ejerce todo el poder para someterla.
Los dos primeros años del Gobierno de Uribe Vélez fueron de luna de miel con las Cortes, mientras la Corte Constitucional aprobó la reelección presidencial, casi que con nombre propio; y mientras no se destapó el enorme pastel de la relación del narcoparamilitarismo con políticos nacionales y regionales cercanos a la cuerda uribista. Apareció la “parapolítica” y de inmediato Uribe inició el proceso de cooptación de cortes y magistrados, mediante presiones con los métodos ya conocidos y demostrados, que incluyeron campañas y montajes del DAS, orquestados por la “Casa de Nari”, contra la Corte Suprema de Justicia y la justicia colombiana. Como lo han reconocido varios magistrados, el Gobierno anterior se lanzó a la liquidación de la justicia, porque no le resultó funcional a los intereses del uribismo y a la impunidad de su sus delitos. Con la decisión de la CSJ de seguir adelante con las investigaciones de la “parapolítica” y de no darle un fiscal de bolsillo al presidente, quedó sellada la grieta abismal en las relaciones entre el poder ejecutivo y el judicial. Uribe Vélez, con su peculiar estilo, decidió señalar a los magistrados de “aliados de los terroristas”.
Las heridas no se sanaron
Las heridas, creyeron en el histórico Palacio de Justicia, quedaron zanjadas con el advenimiento del nuevo Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos, quien le dio un tinte más cordial a las relaciones con los demás poderes públicos y un tono cortés en el trato. Sin embargo, muy poco duró la ilusión. En el interés de Santos Calderón de la “Unidad Nacional, concebida como el unanimismo en torno al poder central, fue evidente la intención de cooptar a la Justicia, dada la mayoría de los partidos gobiernistas en el Congreso, donde estaba asegurada la aprobación de las leyes oficialistas. Un Congreso de bolsillo, aseguraba que los proyectos gubernamentales no tendrían ningún tropiezo; y se esperaba que con una Corte también de bolsillo, la justicia sería también favorable al interés gubernamental.
Ante la imposibilidad del Gobierno de Juan Manuel Santos de acabar con la autonomía de la justicia, de cooptarla para la política de “Unidad Nacional” y la persistencia de la misma de producir sus fallos judiciales en derecho y sin las presiones del poder Ejecutivo, el nuevo Gobierno Nacional puso en marcha el proyecto de Reforma a la Justicia, aprovechando la mayoría parlamentaria. Aunque Santos convocó al consenso con la rama judicial, pronto surgieron los desacuerdos con ciertos temas que la colocaban en desventaja en el sistema de pesos y contrapesos de la Constitución Política. Varios artículos querían cercenarle funciones al sistema judicial y afectaban su autonomía. Como el Gobierno se negó a eliminar esos artículos, las Cortes, incluyendo al Consejo de Estado, se retiraron de la mesa de concertación de la reforma. “No nos prestaremos para esta farsa”, opinó un magistrado, quizás revelando el nivel de inconformidad en las altas cortes.
Las diferencias
El punto de vista lo resumió al diario El Tiempo, el magistrado Camilo Tarquino, presidente de la Corte Suprema de Justicia, así: “Nos preocupa el rumbo que tomó el proyecto de reforma y lo que fue aprobado en la Comisión Primera de la Cámara. A nosotros nos parece equivocado. Quiero decir con esto que si hemos acompañado el proyecto de Reforma es porque así fue convocado por el Gobierno, pero desde sus inicios la Corte Suprema mostró los inconvenientes que ella tenía y su inconformidad frente a temas como que la función jurisdiccional fuera llevada a cabo por autoridades administrativas o particulares. También porque se sustrae a la Corte Suprema, más concretamente a la Sala Penal, de su labor de investigar a funcionarios con fuero, como los congresistas. Llamamos la atención a la sociedad colombiana para que se mire con mucha objetividad esta reforma”.
La opinión de Tarquino fue más enérgica: “De pronto pudiera pensarse que podría ser un instrumento de retaliación por investigaciones que la Corte ha llevado a cabo”, dijo. “Si la sociedad colombiana no está de acuerdo con la labor que ha hecho la Corte, pues que se modifique o se reforme, pero si lo ha hecho bien, lo bueno no tiene por qué reformarse”, anotó con claridad, interpretando a su colegas.
La reforma pretende salvar a los de la “parapolítica”, para que en el futuro no sean investigados por la CSJ, la cual ha sido garantía para disminuir casi que a cero la impunidad en este caso. Pero, al mismo tiempo, eleva a rango constitucional el fuero militar para quitar a la justicia ordinaria la investigación y el juicio de miembros de la Fuerza Pública comprometidos en delitos que no son de servicio, incluyendo los de lesa humanidad.
Para la Corte, la reforma pretende acabar con su autonomía. Lo dice el magistrado Tarquino en la entrevista ya mencionada: “Desde luego que hay un cambio definitivo. Por ejemplo, el mandato de que sea la justicia ordinaria la que investigue y juzgue a los congresistas. Con este cambio se está modificando lo que allí se señaló. También en lo que tiene que ver con la independencia y autonomía de la Rama Judicial. No sé hasta dónde el Constituyente derivado del Congreso, podría hacer esos cambios mediante una reforma constitucional. No debe olvidarse que se ha dicho que esta reforma podría caerse en el examen que haga la Corte Constitucional, porque prácticamente desvertebraría el diseño de la Constitución del 91, la separación de las ramas del poder público”.
En las últimas semanas las relaciones se agudizaron aún más, conocido el fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la condena de un juez al coronel ® Alfonso Plazas Vega, por los hechos del Palacio de Justicia, en particular el caso de los desaparecidos. En la sentencia, los magistrados del Tribunal, además, llaman a la Corte Penal Internacional a investigar al ex presidente Belisario Betancur, habida cuenta que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la misma que la reforma judicial santista se empeña en mantener, es inoperante y ha sido factor de impunidad a lo largo de la historia; y también le ordenó al Ejército que debe ofrecerle perdón al país y a los familiares de las víctimas. Juan Manuel Santos reaccionó contra la sentencia, dando perdón tanto a Betancur como a los militares.
Nuevo ataque a la justicia
Mientras en el país, los grandes medios de comunicación, funcionarios gubernamentales, congresistas de la “Unidad Nacional” y militares activos y en retiro, se iban contra la decisión judicial con todo tipo de epítetos y de acusaciones a la justicia, la CSJ, en un escueto comunicado dijo lo siguiente: “La mencionada sentencia aún no se encuentra ejecutoriada o en firme, porque la misma, al ser notificada a los sujetos procesales, fue impugnada a través del recurso extraordinario de casación ante esta Corporación y, por consiguiente, goza de la presunción de acierto y legalidad, y debe ser acatada y respetada en aras de los principios de autonomía e independencia de la Rama Judicial”. Declaró la Corte que “es preocupante la forma en que el debate conduce a despertar pasiones que pueden poner en riesgo la vida e integridad física de los jueces que emitieron la decisión. Por ello, la Corte exhorta a las autoridades competentes, y en especial al Gobierno Nacional, para que brinden la indispensable protección a los magistrados que profirieron el fallo, por cuanto carecen de los respectivos esquemas de seguridad”.
Volvió a deteriorarse la relación Ejecutivo-Justicia, agravado por la actitud desafiante de los militares que se niegan a pedir perdón. El general ® Jorge Enrique Mora Rangel, en declaraciones a El Espectador, el fin de semana anterior, no sólo dice que no habrá perdón sino que está en peligro la estabilidad institucional. Casi que una amenaza golpista.
No hay comentarios:
Publicar un comentario