“El gobierno Santos ha hecho un gran lavado de
imagen mientras está feriando el país para que las multinacionales
exploten los recursos naturales”
Cubainformación
Cubainformación
entrevistó a Santos Alonso Beltrán, miembro del colectivo socio-jurídico
colombiano “Orlando Fals Borda”, sobre el conflicto social y armado, la
situación de DDHH, sobre la estrategia propagandística de Santos, sobre
la creciente entrega de Colombia en concesiones a multinacionales, y
sobre la connivencia de las multinacionales con grupos paramilitares,
entre otros temas.
Cubainformación : Juan Manuel Santos asumió la presidencia tras Álvaro Uribe, y ha puesto en marcha una Ley de Tierras y una Ley de Víctimas: ¿garantiza realmente la Ley de Tierras que las tierras pasen a manos del campesinado, y la Ley de Víctimas es realmente reparadora o tiene deficiencias?
Santos Alonso Beltrán:
Nosotros dentro del colectivo y organizaciones que han venido siguiendo
el proceso con la presidencia de Juan Manuel Santos, tenemos distancias
y críticas muy fuertes a las dos iniciativas. En primer lugar en cuanto
a la Ley de Tierras nosotros pensamos que aquí lo que hay es
la puesta en marcha de un modelo económico que está asentado
principalmente en un proceso de construcción de una economía
agroindustrial, centrada en cultivos de gran extensión, y que por ello
en buena medida la ley de tierras está relacionada directamente con la
necesidad de reacondicionar la propiedad en el campo para generar un
proceso de legalización de los títulos de propiedad que permitan el
desarrollo de ese modelo. De tal manera que la Ley de tierras que se está generando muy en relación con esto, va a terminar generando reconcentración de la propiedad agraria,
va a generar un proceso de desplazamiento de la población campesina
(nuevamente), y no va a cumplir el objetivo fundamental que es generar
un proceso de reforma agraria en el país. El Incoder – el instituto
encargado de la puesta en marcha de esta ley- solo ha podido generar
procesos de saneamiento de los títulos de propiedad fundamentalmente
para terrenos baldíos o para terrenos incautados al narcotráfico… Pero
la posibilidad real de que sean los campesinos los que lleguen a sus
territorios, los que recuperen su tierra, es absolutamente falsa.
Además de eso existe otro problema muy fuerte, que es que en las
regiones, todavía y contrariamente a lo que se dice, el paramilitarismo
bajo otra modalidad sigue allí, y los líderes que han venido trabajando
para la recuperación de las tierras siguen siendo criminalizados y
muchos de ellos asesinados. Entonces la Ley de Tierras va a generar un nuevo modelo de propiedad en Colombia, no cumplirá los objetivos para los cuales se anunció su creación.
Y frente a la Ley de Víctimas
también tenemos unos distanciamientos muy fuertes y unas críticas muy
fuertes que tienen que ver, por un lado, con el universo de víctimas: la
Ley de Victimas debería ser una ley que se constituyera en el
marco de una especie de ‘transición’ a una sociedad en paz, pues para
ello necesitaría ser una ley que se diera en el marco de una sociedad ‘post-conflictual’;
el gobierno de Uribe y el gobierno de Santos han planteado que se
supone que esta sociedad colombiana que arranca desde la presidencia de
Santos, es una sociedad que ya ha alcanzado el ‘post-conflicto’, y para nosotros al contrario, no hay ‘post-conflicto’.
En observancia de los hechos, de lo que sucede en Colombia: hay todavía
dos guerrillas muy fuertes, existen paramilitares, y existe vulneración
de los derechos humanos por parte del estado. De tal manera que si
pensáramos que esta ley debe construirse teniendo en cuenta un universo
particular de víctimas, lo que tendríamos es que hay una victimización
constante con lo cuál no podríamos tener claramente definidas cuáles son
las víctimas a las que hay que reparar.
Un segundo elemento de
crítica tiene que ver con los plazos que se ha puesto la ley: hay
víctimas que no van a ser consideradas hacia atrás, antes de los años
80, en el pasado, y con relación a las víctimas a producirse en el marco
de lo futuro, tampoco está claro como se van a incluir las nuevas
víctimas que van resultando de un conflicto que todavía se sigue
presentando.
En tercer lugar, y esta es una crítica importante,
es cuál es la voluntad política y la capacidad económica que va a poner
el estado para reparar a las víctimas: el presupuesto de guerra en
Colombia es muy alto, mientras que la inversión social y el presupuesto
destinado a esta ‘reparación’ es muy bajo de tal manera que tendríamos un universo de víctimas que irá creciendo, y un presupuesto muy, muy bajo, de tal manera que al final tendremos es un ejercicio casi meramente formal (…)
Colombia tiene otro problema muy fuerte que es el proceso de impunidad
que se ha vivido en el país: el sistema jurídico colombiano y la
posibilidad de construir el acervo probatorio frente a los crímenes no
es del todo claro, de tal manera que las víctimas no van a poder ser
reparadas integralmente ni en lo jurídico ni en lo simbólico, ni en la
memoria histórica.
Nosotros pensamos que estas leyes deberían ser instrumentos que permitieran luego de un proceso de negociación política, consensuada al conflicto, generar los mecanismos de gestión de un verdadero ‘post-conflicto’.
Las dos leyes no van a poder surtir su efecto en tanto que todavía
seguimos con un conflicto muy alto y además con un gobierno que no
quiere sentarse a negociar con los insurgentes.
Cubainformación: Por tanto la Ley de Tierras y la Ley de Víctimas
de Juan Manuel Santos, no apuestan realmente por una reparación de las
víctimas, sino que apuestan por un modelo en el que el campesino está
fuera de ese uso de las tierras en el que se agrupa las tierras en manos
de las multinacionales… ¿Qué es entonces, una campaña de limpieza de
imagen?
A nosotros nos llama mucho la atención cómo se ha venido planteando esa suerte de.. lo que se presenta como una especie de “giro”
en la política nacional: la opinión pública internacional ha venido
siendo bombardeada publicitariamente por una imagen en la cual hay una
“transición” de un gobierno con muchos problemas en términos de
violación sistemática los DDHH, de persecución a la oposición, que era
el gobierno de Álvaro Uribe Vélez; y ese bombardeo supone que ‘hay un cambio muy radical’
en la administración de J.M. Santos, cuando nosotros pensamos que lo
que ha habido aquí es una continuidad del mismo modelo, en los tres
elementos fundamentales: en ‘Seguridad Democrática’, en ‘Confianza Inversionista’, y en ‘Cohesión Social’, que tenía el anterior gobierno, el de Uribe Vélez.
Se desprende lógicamente esto, en tanto que Juan Manuel Santos fue
ministro de Hacienda de gobiernos pasados, fue ministro de defensa del
gobierno de Uribe, además ha venido participando en la construcción de
la política pública en los últimos 20 años en Colombia . Hace parte
de una serie de personas, de familias que han manejado el país durante
todo el siglo. Juan Manuel Santos es la segunda generación de
presidentes de su propia familia.
Nosotros creemos que hay una continuidad bajo un estilo diferente. Continuidad en ‘Seguridad democrática’: es decir el gasto militar no ha descendido, al contrario, sigue la misma escalada.
La violación en Derechos Humanos, si bien pareciera disminuirse lo que
pasa es que las formas en las que se desarrolla esta violación son cada
vez más sutiles [e invisibilizadas], pero igual muy fuertes en el campo.
En el marco de la Confianza Inversionista tampoco ha habido un
viraje, el gobierno de Juan Manuel Santos continúa con las políticas de
privilegio a la inversión extranjera, fundamentalmente en hidrocarburos,
en explotación minera, en explotación agro-industrial, en desarrollo de
mega-proyectos. En el marco de la Cohesión Social, política
creada por el gobierno de Uribe, tampoco ha habido transformaciones: no
hemos podido desarrollar ni siquiera una reforma a la Ley general de
Educación Superior…
Hay a nuestro entender un cambio en la imagen
pero que no está sustentado por una realidad concreta de transformación
en las dinámicas de administración del país. Y el gobierno de Santos en
eso ha sido muy, muy estratégico en incidir en la opinión
internacional.
Cubainformación: La violación de DDHH en
Colombia se sigue llevando a cabo, los campesinos son los más golpeados
por desplazamientos forzados, violaciones sistemáticas de los DDHH; con
el colectivo Orlando Fals Borda han realizado una labor de
acompañamiento y de empoderamiento de los campesinos para que no
renuncien a sus tierras: ¿Qué situación se vive en las zonas rurales
actualmente?
Hay que entender que el conflicto colombiano
es un conflicto primero político, social y económico que envuelve a
grandes capas de la sociedad colombiana, que es un conflicto que se
extiende por más de 50 años, y que es un conflicto que se ha vivido de
manera muy fuerte en las zonas rurales, en las zonas en las cuáles el
campesinado ha venido desarrollándose. Eso nos hace ver que en buena
medida lo que está pasando en las zonas rurales, todos esos procesos de
consolidación militar por parte del ejército, tienen lamentablemente
como principal víctima a los propios campesinos. A nosotros nos preocupa
que coinciden 3 elementos en las zonas en las cuales los campesinos
están siendo víctimas, cada vez más, de violaciones de los derechos
humanos: coincide la presencia de empresas multinacionales que van a
desarrollar proyectos de infraestructura, proyectos agroindustriales,
proyectos de explotación de hidrocarburos; coincide cada vez más la
presencia del ejército, del fortalecimiento en términos militares del
estado, los propios militares interrumpiendo las dinámicas
administrativas de los municipios; y coincide en términos de la política
de ‘Seguridad democrática’ que se continúa con este gobierno, la
persecución a los actores armados que en el marco de esta guerra
irregular, tienen y han construido relaciones sociales con los
campesinos. Lo que nos hemos encontrado en estas zonas es que el
fortalecimiento militar ha terminado por la criminalización del
movimiento campesino, de la organización campesina, que ha favorecido
los intereses de los grandes inversionistas que ahora están posándose en
esas zonas, y ha vuelto aún más crítica la situación de los derechos
humanos. Nosotros hemos trabajado en la zona del bajo Ariari, que es la
zona del sur del Meta, en municipios como la Macarena, hemos también
constatado el mismo fenómeno en zonas como el Catatumbo y en zonas como
el bajo Cauca antioqueño, y en otras regiones donde estos 3 elementos
coinciden: coincide la presencia de capital internacional, coincide el
afán de fortalecimiento militar, y coincide la presencia de actores
insurgentes que están siendo atacados por el estado.
La
situación de vulneración es tal que los militares llegan a tomarse por
su cuenta atribuciones de carácter judicial, de ser policía judicial. Ha
llegado a tal punto la violación a los DDHH que muchos campesinos han
tenido que salir de sus zonas de residencia, presionados
fundamentalmente por la presencia del ejército. Además de eso se han
dado otras prácticas aún más lesivas a los DDHH como las desapariciones
forzadas, los ‘falsos positivos’, la estigmatización de las poblaciones.
El campesinado tiene en este momento por parte del ejército y de toda
la presencia institucional del estado no la protección, sino por el
contrario la intensificación de la violación a los DDHH.
Cubainformación: El colectivo Orlando Fals Borda habéis
contabilizado en los últimos años desplazamientos forzados, 4 millones
de personas desplazadas, fosas comunes, ‘falsos positivos’… ¿qué perfil
tienen las personas que se engloban dentro de ese grupo de ‘falsos
positivos’ cometidos por el gobierno colombiano?
… 4
millones de desplazados es solo una cifra aproximada al problema del
desplazamiento forzado, lo de las fosas comunes es una práctica que se
llevó a cabo con el paramilitarismo, pero que hemos visto también
aparecer con la actuación de los militares, en cuanto a lo de los
‘falsos positivos, éstos se enmarcan en una estrategia de presión a los
militares por parte de las autoridades de gobierno para que generen
mejores resultados. En el lenguaje militar se conoce como un ‘positivo’
un cadáver, lamentablemente dentro de la dinámica del ‘body count’, o
conteo de bajas, se supone que el gobierno va ganando en la medida que
logre presentar un mayor número de muertos… de tal manera que los
militares empezaron a mostrar estos ‘resultados’ a través del asesinato
de civiles en el marco de combates simulados. ¿El perfil de las
víctimas? Personas que eran engañadas con promesas de falsos trabajos,
en zonas deprimidas de las ciudades, trabajadores desempleados, jóvenes,
otros tenían hasta problemas de discapacidades físicas y mentales, eran
engañados, luego desplazados en camiones a zonas de conflicto, y una
vez allí se simulaban combates. Un caso paradigmático es el caso de las
madres de Soacha: madres de jóvenes engañados, y llevados al nororiente
colombiano, y allí asesinados, con simulación de combate. El perfil de
estas personas es de personas de bajos recursos, en situación de
desempleo, engañadas, y luego asesinadas, y que luego con montajes
absolutamente groseros fueron presentadas como ‘bajas en combate’.
Estos ‘falsos positivos’ se unen a la desaparición forzada y se unen a
las ‘ejecuciones extrajudiciales’ que vienen siendo investigadas por el
colectivo del que hago parte y por otras organizaciones sociales y de
defensa de los derechos humanos en Colombia.
Cubainformación: En Colombia la exclusión política ha sido una de las
características del conflicto: sindicalistas, líderes de movimientos
sociales han sido perseguidos, asesinados… ¿Cómo colectivo Orlando Fals Borda qué dificultades tenéis para trabajar, resultáis incómodos quizás, no?
Todas las organizaciones defensoras de DDHH que trabajan por una
solución política negociada al conflicto, por los DDHH, por la
reparación de las víctimas, han sido sistemáticamente estigmatizadas,
desde lo institucional se ha llegado a prácticas tan aberrantes como la
interceptación ilegal de teléfonos, los seguimientos a las
organizaciones, prácticas criminales desde el propio estado como el
montaje de procesos falsos para que los defensores de DDHH sean luego
procesados judicialmente. Esos han sido algunos de los elementos que
generan una dificultad muy grande para hacer defensa de los DDHH en al
país.
En segundo lugar la sociedad colombiana ha sido
bombardeada por los medios de comunicación y por parte del mismo
gobierno, [propaganda] en la que pareciera que el conflicto ‘ya es
algo que ha sido superado y que lo que queda simplemente es un problema
de narcotráfico, un problema de delincuencia común’, así que las
organizaciones sociales que seguimos haciendo denuncia y que seguimos
trabajando por una solución política negociada al conflicto, no somos
entendidas en la sociedad. Y algunas franjas de la propia sociedad en
este rechazo a lo que podría ser la continuidad del conflicto, terminan
señalando a las organizaciones sociales, una especie de ‘si ya hemos superado el conflicto no deberían ustedes seguir buscando verdad cuando parece que esto ya se terminó’…
Y en tercer lugar, la dificultad tiene que ver con las dinámicas del
financiamiento y los problemas económicos que se tienen para hacer todo
el trabajo (…)
Las organizaciones defensoras de DDHH son
incómodas en Colombia: son incómodas para el gobierno, son incómodas
para la clase dominante, y son incómodas para los medios de comunicación
oficiales que quieren presentar una imagen diferente del país.
Cubainformación: Volviendo a la vulneración de los DDHH, y
concretamente a la violencia sexual contra mujeres y niñas: ¿Qué medidas
ha tomado el gobierno colombiano, las ha enmarcado dentro de esa ‘ley de víctimas’, ha realizado acciones concretas?
Dentro de lo que era el proceso de la Ley de Justicia y Paz
se suponía que una parte de los crímenes que debían confesar los
paramilitares eran sus crímenes de violencia sexual. Las dinámicas de
denuncias de esos crímenes han sido muy bajas por el temor de las
propias mujeres a ser re-victimizadas, han sido también muy bajas porque
en el marco de la sociedad colombiana, en esa problemática de la
violencia de género, muchas mujeres no han asumido la denuncia frente a
una sociedad que las va a señalar y a un tejido familiar que se puede
ver afectado; pero además si en la Ley de Justicia y Paz hemos
tenido tan pocos avances en crímenes tan aberrantes como las masacres y
como las desapariciones forzadas, la celeridad con que han sido tratados
los crímenes de violencia sexual ha sido aún más baja. Es decir lo que
tenemos es una impunidad muy fuerte que no va a permitir ni
siquiera que se de la reparación integral y simbólica a las mujeres que
fueron objeto de violencia sexual.
Otro elemento fundamental es
que tampoco el gobierno ha tenido una estrategia clara para resolver el
problema de las denuncias y para gestionar en términos de resolución
jurídica frente a los agresores. Tenemos un estado que no tiene una
estrategia clara sobre esto. El paramilitarismo tampoco ha puesto de su
parte en el marco de las denuncias que ellos mismos deben hacer en el
marco de sus confesiones amparados en la Ley de Justicia y Paz,
tenemos una sociedad amedrentada, que difícilmente puede hacer esa
denuncia, y tenemos una matriz social machista que no tiene la
posibilidad de gestionar socialmente esa reparación a las mujeres y a
todas las personas que son víctimas de agresión sexual.
Cubainformación: ¿Qué papel, que responsabilidad tienen países como EEUU o países europeos en la perpetuación del conflicto?
Nosotros como Colectivo Fals Borda
y otras organizaciones sociales, hemos venido trabajando por un
acompañamiento internacional que lo que haga sea apoyar a las partes en
conflicto para que se sienten a negociar una solución política; pero
lamentablemente la intervención que han tenido países como EEUU, o
países europeos, ha sido el patrocinio de las dinámicas militares del
estado, una financiación de la lógica de guerra que se ha venido
desarrollando en los últimos 50 años. Han tenido una participación
directa en la generación del conflicto armado en tanto que algunas
compañías multinacionales han financiado formas de justicia privada (paramilitarismo), grupos de ‘protección a sus inversiones. Los países desarrollados han
privilegiado la opción de financiación de la guerra, financiar grupos
paramilitares para continuar en este proceso de guerra y no han
acompañado por el contrario un proceso de negociación. De tal suerte que
la continuidad de la guerra en Colombia tiene que ver muchísimo con estos procesos de financiación,
de acompañamiento a la visión militarista, por parte de gobiernos, pero
también de multinacionales y de sectores del capital que están muy
interesados en defender sus inversiones, y que eso contribuye a seguir
expandiendo la guerra en Colombia. Hay casos famosos como el caso de
Chiquita Brands o multinacionales del petróleo que también han apoyado a
paramilitares, capital privado aliado con fuerzas oscuras, o gobiernos
que han patrocinado la asesoría militar para continuar un conflicto que
desangra a Colombia, con unos costos económicos, políticos y
humanitarios muy fuertes para el país.
Cubainformación:¿Se podría decir que el gobierno del presidente Santos apoya a que multinacionales extranjeras expolien los recursos naturales de Colombia?
Las locomotoras del ‘desarrollo’ de Santos – Santos habla de 4 locomotoras de su gobierno, 2 de ellas son la infraestructura y la explotación minero energética- están montadas en un maridaje con el capital multinacional. Juan Manuel Santos, al igual que el gobierno Uribe se ha concentrado fundamentalmente en generar procesos de concesión a multinacionales extranjeras para la explotación de los recursos naturales. En este momento tenemos amenazados parques naturales, tenemos amenazados resguardos indígenas, tenemos amenazadas reservas forestales que han sido dadas en concesión para que multinacionales minero-energéticas hagan extracción de minerales y recursos energéticos.
A nosotros nos parece que sí, que hay por parte del gobierno Santos una iniciativa de generar una irrupción del capital transnacional en los sectores minero- energéticos y estratégicos del país. Durante los últimos años, durante el gobierno Uribe y el gobierno Santos se han otorgado mayor cantidad de títulos mineros que en toda la historia del país. Y en este momento vemos muchas multinacionales, compañías españolas, canadienses, norteamericanas, que vienen a explotar yacimientos de carbón, de oro, de petróleo.
Aquí hay una iniciativa gubernamental de que una de las locomotoras avance pese a todo – una locomotora que está descarrillada porque no tenemos legislación que proteja los intereses nacionales ni la naturaleza-. El gobierno Santos está feriando el país para que las multinacionales exploten los recursos naturales en nuestro territorio.
Cubainformación; decisiones como las que ha tomado el gobierno argentino no entran, por lo tanto, en la mente del presidente colombiano...
No, en absoluto. Al contrario, Colombia se ha distinguido por ser uno de los países en los que se le asegura a los inversionistas la ‘seguridad’ jurídica de su inversiones. Colombia ha sido uno de los países que antes que respetar su misma soberanía la ha entregado a las multinacionales. Muy lejos de la clase política nacional, y de los sectores de clase que han dominado el estado colombiano estará la idea de generar procesos de nacionalización, y no porque el país no los necesite, y no porque los recursos naturales no deban ser defendidos, sino porque el maridaje entre grupos económicos nacionales con grupos económicos internacionales hace que se necesite para ellos la ‘seguridad de sus inversiones’ (…)
En Colombia la oligarquía nacional y el gobierno que la representa nunca va a amenazar los intereses del capital transnacional.
Vea la entrevista en VIDEO en: http://www.cubainformacion.tv/
Fuente: http://www.cubainformacion.tv/
No hay comentarios:
Publicar un comentario