@carloslozanogui
Su eslogan fue “Mano tendida y pulso firme”, insistiendo en el antiguo concepto de la clase dominante de gobernar con disposición de diálogo con las guerrillas, pero combatiéndola para llevarla rendida a la mesa de conversaciones
En el registro de la historia del conflicto colombiano, poco se habla del gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986-1990), como si nada trascendental hubiera ocurrido en materia de paz durante los cuatro años de su mediocre administración en materia política y social. Hizo el ensayo de un gobierno de partido, quizás tratando de motivar la fibra liberal de las masas populares, que en realidad se fue extinguiendo después del Bogotazo y de la pobre y traicionera actuación de la dirección nacional liberal, que terminó pactando con la dictadura de Mariano Ospina Pérez para apagar el fuego de la insurrección popular ante el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Después, las masas liberales, enardecidas y movilizadas con el “trapo rojo” de los collarejos no volvió a funcionar y por supuesto la consigna de Virgilio Barco fue inane.
Su eslogan fue “Mano tendida y pulso firme”, insistiendo en el antiguo concepto de la clase dominante de gobernar con disposición de diálogo con las guerrillas, pero combatiéndolas para llevarlas rendidas a la mesa de conversaciones. Creían que así era posible la desmovilización y la entrega de las armas a cambio de nada. Es la llamada pax romana o paz de los sepulcros. Ese modelo fracasó históricamente porque negaba, de hecho, el carácter del conflicto y su naturaleza política, económica, social e histórica. Con ese criterio el gobierno de Barco mantuvo la tregua y adelantó interlocución con los grupos guerrilleros, pero buscando acuerdos parciales.
Tregua a medias
Con las FARC mantuvo la tregua a medias, bastante averiada y muy frágil después del holocausto del Palacio de Justicia en el gobierno anterior, este eliminó la Comisión Verificadora de la misma, integrada con delegados de todos los partidos políticos y asumió de manera directa los contactos y no a través de la Comisión de Paz. Negativa la eliminación de la Comisión Verificadora y positiva la decisión de asumir desde el gobierno los contactos y las conversaciones de paz. A nivel de la sociedad civil y de la iglesia Católica se crearon instancias para presionar el diálogo, pero poca importancia les dio el Gobierno nacional.
Barco quería superar la pobreza y la exclusión social pero sin reformas pactadas con la insurgencia, no las consideraba viables, pero tampoco podía desde la administración, con su propia iniciativa, superarlas en tanto que las medidas económicas oficiales estaban orientadas a proteger el capital nacional e internacional y los intereses de la oligarquía. No adelantó ninguna reforma progresista en materia política.
En el Gobierno de Barco se fortalecieron los grupos paramilitares, el terrorismo de los carteles del narcotráfico, y el genocidio de la Unión Patriótica fue la terrible realidad. El 30 de agosto de 1986, cuando apenas despegaba el mandato presidencial, el representante a la Cámara por la Unión Patriótica, Leonardo Posada Pedraza fue asesinado; al día siguiente acribillaron a tiros al senador Pedro Nel Jiménez, ambos comunistas, y de ahí comenzó un martirologio de congresistas, diputados, concejales, alcaldes y dirigentes de la UP y del PCC en ciudades y regiones, sin precedentes en Colombia y en el mundo.
La guerra sucia
A la Unión Patriótica la sacaron a tiros del escenario político y electoral. En la más completa impunidad y con participación de agentes del Estado, en particular militares, pues era en las brigadas y en las oficinas de inteligencia donde se fraguaban los planes de exterminio y protegían a los paramilitares que los perpetraban. El 11 de octubre de 1987 fue asesinado Jaime Pardo Leal, candidato presidencial de la Unión Patriótica y presidente de la organización, hecho que desató fuertes reacciones y vigorosas movilizaciones en el país. El 18 de agosto de 1989 fue asesinado Luis Carlos Galán, candidato presidencial del Partido Liberal; y el 22 de marzo de 1990, Bernardo Jaramilllo, quien había remplazado a Pardo Leal, fue acribillado en el puente aéreo de Bogotá. Está comprobado que en los tres magnicidios hubo participación de agentes del DAS. El de Jaramillo fue justificado por el ministro de Gobierno Carlos Lemos Simmonds, quien acusó a la Unión Patriótica de “combinar las formas de lucha”.
Entre tanto, el Gobierno exigía decisiones unilaterales a la guerrilla. Cese unilateral de fuegos y voluntad política de paz, entendida como la decisión de dejar las armas y desmovilizar a los combatientes. Las FARC aceptaron el cese de fuegos, pero reservándose el derecho a defenderse de los ataques de la fuerza pública. En el fondo no funcionó porque no fue respetada la tregua guerrillera, los ataques y el asedio militar a los frentes de las FARC se multiplicaron. Igual que en el gobierno de Belisario Betancur, la cúpula militar no acató la política de paz.
Pactos parciales
El M19 secuestró a Álvaro Gómez Hurtado, el 29 de mayo de 1988, y esa situación que ponía en peligro al principal cuadro de la derecha colombiana, abrió la puerta para el diálogo con esta organización y fue creada una Comisión de Convivencia que contribuyó a que este se desarrollara. En el fondo fue la tabla de salvación para esta guerrilla, debilitada en el plano militar. El proceso empujó a otras organizaciones como el EPL, el Quintín Lame y el PRT, que estaban en las mismas condiciones. En el caso del EPL era una guerrilla desmoralizada, alejada de sus viejos principios maoístas y en estado de descomposición. La mayoría de ellos terminó vinculada al paramilitarismo. Algunos se mantuvieron con una posición democrática y un grupo, liderado por el Secretario General del PCC-ML, Francisco Caraballo, se mantuvo en armas.
En la época, pasado el gobierno de Belisario Betancur, se había conformado la Coordinadora Nacional Guerrillera con la participación de las FARC, ELN, M19, EPL, Quintín Lame, PRT, entre otros. Fue un paso muy importante, pero limitado porque no tuvo una sola línea política de paz, sino que cada uno de sus integrantes adelantó sus contactos y decisiones por separado, aunque hubo comunicados e importantes pronunciamientos conjuntos.
La tregua con las FARC se rompió debido a los frecuentes ataques de la fuerza pública. De hecho quedó cerrada la posibilidad de avanzar en dirección a concretar los Acuerdos de La Uribe, heredados del anterior gobierno. El de Barco Vargas no tenía en sus cálculos ningún cambio político y social concertado con las guerrillas. Entrega y claudicación era su oferta. Fue evidente su debilidad frente al accionar de los grupos paramilitares. Barco no tuvo la capacidad para garantizar la tregua con las FARC y tampoco de detener la guerra sucia contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano.
En verdad, el gobierno de Barco Vargas no fue capaz de enderezar la situación respecto al diálogo con las FARC, prácticamente sucumbió en su política de paz. De alguna manera lo reconoció Rafael Pardo Rueda, consejero de paz de Barco: “En 1987 el estado de la paz era poco menos que incierto”.
Se repitió la constante histórica de que la oligarquía colombiana no acepta los cambios democráticos en el orden político y social. Es la principal traba para la paz. En estos días de la implementación del Acuerdo Final de La Habana, esa mezquina actitud burguesa con la posibilidad de fortalecer la democracia y la justicia social, se confirma con los obstáculos que tanto se interponen al acuerdo.
En diciembre de 1989 el M19 aceptó dejar las armas a cambio de una reforma constitucional y otras dádivas. A ellas se unirían más adelante el EPL, el Quintín Lame y el PRT, así como la Corriente de Renovación Socialista. Esos acuerdos quedaron en pie y fueron implementados por el siguiente gobierno, el de César Gaviria Trujillo, quien convocó a la Asamblea Nacional Constituyente que adoptó la Constitución de 1991, a la fecha convertida en pedazos por la contrarreforma de los partidos del establecimiento. Un conejo más a la paz y a los acuerdos democráticos para hacerla estable y duradera.
Gráfica pie de foto.- El Gobierno de Virgilio Barco no fue capaz de enderezar el proceso con las FARC, heredado de Belisario Betancur, pero muy averiado por el holocausto del Palacio de Justicia.
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